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La única respuesta del estado es la militarización

En la entrada a la ciudad de Horqueta hay un gran letrero con los “Más buscados” de Paraguay. Desde hace más de cinco años la región es zona militarizada en respuesta a la presencia de la guerrilla del EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo). Las y los habitantes dan testimonios de cómo se ha deteriorado la vida cotidiana y cómo el espacio democrático y de protesta social se ha reducido.

06/10/2017

"Si no se calla, le disparamos", dijo el militar, apuntando su arma al peluche de la hermana menor de Sonia.

Eran las cuatro de la mañana del 19 de enero de 2010. Los militares habían venido a llevarle a Sonia Muñoz. Dijeron que formaba parte del equipo logístico de la guerrilla.

La llevaron como a una criminal, esposada. Pasó un año y seis meses en prisión sin saber qué le iba a pasar. Cuando finalmente llegó el momento del juicio, todas las personas detenidas fueron liberadas. No se encontró pruebas que la sitúen como miembro del grupo. Posteriormente el juicio fue anulado y nuevamente tenía orden de captura.  Ante la poca credibilidad de la justicia paraguaya, Sonia decidido salir de Paraguay. 

No ha visto a su hija en más de dos años

Cuando conocemos a su madre, Florinda Pérez, ella nos cuenta que no ha visto a su hija en dos años. Los abogados dicen que se  requieren 30 millones de guaraníes para defender a Sonia, dinero que su familia no tiene; así que no puede volver. Para que Sonia pueda volver se requiere la contratación de un profesional del derecho  para  los procedimientos jurídicos en el País, además debe admitir ser parte de la logística del grupo guerrillero, de lo contrario no puede volver a su país.

-Mi hija es inocente. Hay una persecución política a las personas que son miembros de los movimientos campesinos, porque nos oponemos y defendemos nuestros derechos. Ya no confío en el estado ni en el sistema jurídico. Las cosas se han deteriorado en los últimos años con la presencia de los militares, dice Florinda.

Florinda forma parte de La Organización Campesina del Norte, (OCN) desde su inicio hace más de 30 años. Sus hijos crecieron dentro de la Organización. Desde que eran chiquitos han asistido a reuniones; aprendiendo sobre la agricultura orgánica y sus derechos. Todos los hijos/as de Florinda son participantes activos en la organización de una u otra forma. Rosalba, es responsable de la Radio Comunitaria de la organización. Sonia es agrónoma y antes de su arresto ayudó a varias organizaciones de mujeres en el área de agricultura para mejorar sus métodos de cultivos.

Florinda Pérez no ha visto a su hija en más de dos años

La violencia y la dictadura 

La situación de violencia en el norte de Paraguay se remonta desde  la dictadura. La resistencia organizada al régimen era más fuerte en esa zona y muchos de los que defendían sus derechos fueron torturados y asesinados. Pero la persecución no terminó con la caída de la dictadura. Desde el establecimiento de la democracia en 1989, más de 120 personas han desaparecido o han sido asesinadas en el marco de la lucha por la tierra. Hoy en día el derecho a la tierra, la educación y la salud es el centro del trabajo de las organizaciones.

Paraguay es uno de los países más desigual del mundo cuando se trata de la distribución de la tierra.

Menos del dos por ciento de los terratenientes poseen el 80 por ciento de la tierra utilizable. La corrupción generalizada ha hecho que la  reforma agraria nunca se haga realidad. Durante la dictadura de 35 años, se estima que el dictador Stroessner  distribuyo más de  7 millones de hectáreas de tierra a familiares, militares y empresas que apoyaban el régimen. Hoy en día, Paraguay es el cuarto mayor productor de soja del mundo y gran parte de esta se produce en la tierra que tenía que beneficiar a las familias pobres a través de una reforma agraria. Más del 90 % de la soja es transgénica y el uso de pesticida es masivo.

Se capura a campesinos sin tener pruebas

- La existencia de guerrilla se ha utilizado como excusa para aumentar la presencia militar y reducir el espacio democrático de los campesinos que luchan contra el modelo mono agrícola. La guerrilla  tiene sólo 30 miembros y si los militares realmente querían los podrían atrapar, dice Cristina Coronel de nuestra coparte, Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) que trabaja en el norte de Paraguay.

 - Los problemas de la región son históricos y provienen de la corrupción generalizada y el narcotráfico en el cual personas con mucho poder están involucradas, continúa. 

Para silenciar las críticas de las organizaciones de la zona, los militares han capturado a muchos campesinos sin pruebas y luego los han acusado de formar parte de la guerrilla. La hija de Florinda, Sonia, es una de ellos.

- La presencia de militares afecta negativamente a la libertad de expresión y los derechos de las organizaciones. Los miembros de las organizaciones y de las comunidades son detenidos en los distintos retenes militares cuando se dirigen a sus reuniones y después del atardecer, por temor,  no salen de sus casas.  El número de detenidos ha aumentado considerablemente con la tipificación de ser parte de la logística del grupo armado. Los campesinos no son criminales, son personas que defienden sus derechos, dice Cristina.

1.500 militares, pero solo 25 médicos 

Dado que la resistencia durante la dictadura fue más fuerte en la parte norte del país Stroessner castigó a la población, no invirtiendo en infraestructura, generando pobreza y falta de desarrollo en la región. Hoy hay  1.500 militares en Horqueta, pero sólo 25 médicos.

-  En un país con tanta diferencias de ingresos es absurdo gastar grandes sumas en inversión militar, en lugar de garantizar los derechos humanos, afirma Cristina.

En los pueblos de la zona no hay carreteras pavimentadas. Durante los meses de invierno, cuando llueve mucho, la gente no puede abandonar sus hogares. Esto tiene un efecto negativo en las finanzas de los agricultores porque no pueden llevar sus productos al mercado.

- No necesitamos más militares, lo que necesitamos es acceso a salud, educación e inversiones en infraestructura. El estado nos ha abandonado. La única respuesta que nos dieron es la militarización, dice Marciano Jara Romero, profesor y líder de la Coordinadora Departamental de Organizaciones Campesinas de Concepción.

Los padres tienen miedo

Marciano vive en la zona de Arroyito, ocupada por campesinos sin tierra desde la caída de la dictadura. Es una de los lugares que ha sufrido la mayor cantidad de intervenciones militares en los últimos cuatro años.

En la escuela donde Marciano trabaja, el número de estudiantes ha disminuido últimamente. El año pasado, los militares hicieron una incursión en la misma, diciendo que había armas y que algunos estudiantes eran parte del EPP.

- El ejército es muy violento. Varios niños y jóvenes tienen traumas por los ataques y los padres tienen miedo de enviar a sus hijos a la escuela.

Muchos jóvenes salen de la zona tan pronto como tienen la oportunidad. Pero es difícil encontrar trabajo o seguir estudiando en otro lugar. El futuro es muy incierto.

- En nuestra zona solemos organizar un torneo de fútbol. Pero este año no funcionó porque ya no hay suficientes jóvenes para reunir a un equipo. Estamos viviendo una crisis social y el Estado no hace nada para resolverla, dice Marciano.

 

 

 

El Servicio de Paz y Justicia

El Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) fue fundado en 1966 en Costa Rica. Hoy, la organización está ubicada en 11 países de América Latina. Desde 1992, el SERPAJ ha estado trabajando con movimientos de indígenas y organizaciones de mujeres en el norte de Paraguay, entre otras cosas haciendo visibles las violaciones de derechos humanos que tienen lugar en la zona y apoyando a los agricultores en los procesos legales y organizacionales.