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Declaracion de ONG internacionales ante graves violaciones de DDHH en manifestaciones públicas

Las organizaciones no gubernamentales de cooperación internacional que suscriben esta declaración han cooperado en Colombia durante décadas con organizaciones de la sociedad civil que se esfuerzan por construir una sociedad en paz, con condiciones y garantías para el ejercicio libre de sus derechos integralmente considerados.

04/05/2021

Observamos con gran preocupación que las acciones de protesta social y grandes movilizaciones ciudadanas, durante estos últimos días, no cuentan con plenas garantías para manifestarse públicamente.

La gran mayoría de acciones de protesta y de quienes participan en ellas corresponde a movilizaciones pacíficas. Quienes han realizado actos de vandalismo y otras acciones violentas son personas que se
amparan en las movilizaciones para generar estas actividades delincuenciales o para deslegitimar ante la ciudadanía a centenares de miles de personas ajenas a hechos de violencia.

La constitución colombiana y sus leyes reconocen el derecho de los ciudadanos para el movilizarse y protestar pacíficamente en contra de decisiones del gobierno y otras instancias del Estado, que
consideren lesivas para sus derechos o que a su juicio generen mayor empobrecimiento y precariedad, en un contexto agravado por la pandemia. 

En el contexto antes señalado expresamos preocupación frente a tres hechos:

Los riesgos de flexibilizar las medidas de control de la actuación de la fuerza pública, en particular para disparar contra los ciudadanos/as en el marco de las movilizaciones de protesta.

Luego del anuncio del presidente Iván Duque de activar la figura de “asistencia militar” y otorgar poder de actuación a los militares para salir a las calles y reforzar la seguridad en las ciudades diversas voces de alerta en la sociedad civil2 se escucharon por los altos niveles de riesgos de violaciones a los derechos humanos de los manifestantes y ciudadanía en general. Si bien la asistencia militar está consagrada en el Artículo 170 de la Ley 1801 y se retoma en la Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana, sólo puede usarse en situaciones excepcionales y de manera temporal. Más allá de debatir la conveniencia de la asistencia militar, la cuestión está en que no hay claridad en su regulación ni en los criterios que deben guiar la decisión del gobierno para adoptar esta medida.

 Abuso y desproporcionalidad en la actuación de la fuerza pública.

Diferentes fuentes de información han documentado múltiples casos de abuso policial y uso desproporcionado y arbitrario de la fuerza por parte de la fuerza pública, en el marco de las movilizaciones sociales por la declaración de paro nacional. Según informe del diario El Espectador3 940 casos de violencia policial, entre ellos 21 homicidios, se registraron entre el 28 de abril y el 1° de mayo.

Garantías a la protesta y la movilización social

Pedimos a la comunidad internacional de manera urgente:

Hacer un serio llamado al estado colombiano, en particular al Sr. Presidente Duque y a otras autoridades territoriales, para dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos4 , así como solicitar del Ministerio público una eficaz acción disciplinaria de protección de derechos humanos, de conformidad a su mandato constitucional.

Recomendar que el ministerio público y las autoridades judiciales investiguen y abran los correspondientes procesos disciplinarios y penales en los casos de abuso policial, afectaciones graves en la integridad personal de los manifestantes y los casos de desaparición forzada reportados por las organizaciones de derechos humanos, que aún no tienen respuesta.

Hacer observación sobre las garantías procesales para las víctimas de abuso policial, sus familiares y las organizaciones sociales que han sido detenidos/as, sufrido atropellos y agresiones, que se encuentran en indefensión y altamente afectadas.

Solicitar que se instaure el acompañamiento de la Defensoría del pueblo para que ejerza el papel de garante del cumplimiento de los protocolos de actuación de la fuerza pública y el respeto a los derechos ciudadanos en el marco de la protesta social y las movilizaciones en todo el país.

Pese al reciente anuncio del jefe de Estado de retirar el proyecto de reforma tributaria y construir uno nuevo, múltiples conflictos sociales se entrecruzan y la tensión social podría continuar. En este sentido pedimos muy respetuosamente que como comunidad internacional soliciten al estado colombiano el cumplimiento irrestricto de los tratados internacionales de derechos humanos y la observancia del estado de derecho.

Firman: Diakonia, Oxfam Colombia, PeaceWorks, Washington Office on Latin America – WOLA, ATC Iglesia Sueca, Grupo de Trabajo SuizaColombia Ask!, ForumCiv, Colombia Human Rights Committee

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