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Honduras

Nuestro Programa en Honduras tiene un énfasis hacia el trabajo con distintos grupos de población. Apoyamos a integrantes de organizaciones de Derechos Humanos, de mujeres, de jóvenes, de base comunitaria, campesinas, indígenas y LGTBI; quienes inciden ante gobiernos locales y autoridades nacionales a distintos niveles.

De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Honduras es el país más pobre de América Latina con 67.4 % de población pobre; es el segundo país con el IDH más bajo de América (0.625) y con uno de los mayores índices de desigualdad mundial (0.58). Además, figura con una de las tasas más altas de homicidio en el mundo; en 2015 Naciones Unidas la ubicó en el primer lugar en feminicidios a nivel mundial; en el 2017 Global Witness lo consideró como el país más mortífero para ser defensor ambiental y de la tierra; además de ser uno de los países más vulnerables al riesgo climático, según Germanwatch.

Nuestro programa de cooperación en Honduras inició en 1985. Posterior al proceso de descentralización, nuestra oficina se estableció en 2001 y se obtuvo registro legal en 2008. En los últimos 10 años hemos apoyado a 23 diversas organizaciones y redes de sociedad civil, ofreciendo cooperación solidaria, asistencia técnica y tendiendo puentes para la incidencia ante autoridades nacionales e instancias internacionales como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el Sistema de Naciones Unidas, la CEPAL, el Parlamento y la Comisión Europea, entre otros.

En la actualidad, apoyamos a 14 organizaciones y redes de sociedad civil, quienes implementan acciones y procesos en favor de: 1) la promoción, respeto y cumplimiento de los derechos humanos, 2) la promoción de la democracia, 3) la equidad de género y, 4) mejorar y garantizar los medios de vida resilientes de las familias y comunidades. Desde 2012 hemos invertido aproximadamente EUR 6,482,039, destinados exclusivamente para las acciones lideradas por nuestras organizaciones socias.

Nuestro Programa tiene un énfasis hacia el trabajo con distintos grupos de población, en los últimos 7 años, hemos apoyado directamente a 21,382 personas (11,897 mujeres) integrantes de organizaciones de Derechos Humanos, de mujeres, de jóvenes, de base comunitaria, campesinas, indígenas, LGTBI, de productoras/as, de comunicadoras/es sociales, etc. quienes inciden ante gobiernos locales y autoridades nacionales a distintos niveles. 

Marcando la diferencia

Gracias al trabajo de nuestras socias y centenares de líderes y lideresas locales hemos logrado:

El Fondo de Emergencia para la Protección de Defensoras/es de DDHH, creado por Diakonia y sus socias, otorgó medidas de protección a 448 defensoras/es (253 mujeres).

Litigio estratégico de 174 casos de violaciones a DDHH ante el sistema nacional de justicia y 5 sentencias de la Corte Interamericana de DDHH contra el Estado Hondureño.

La elaboración y presentación de 29 estudios, investigaciones e informes sobre la situación de DDHH ante instancias nacionales, sistema Interamericano de DDHH y NNUU.

La gestión de la Ley de Protección a Defensoras/es de DDHH, la tipificación del femicidio, la despenalización de aborto por 3 causales; así como recursos de inconstitucionalidad contra de la prohibición del matrimonio y la adopción por personas del mismo sexo, la ley de secretos oficiales y la clasificación de la información pública.

959 activistas y defensoras/es de DDHH (503 mujeres), recibieron procesos formativos sobre medidas de protección, legislación, mecanismos, e instrumentos nacionales e internacionales de DDHH.

Acompañamiento legal a 5,017 mujeres sobrevivientes de la violencia basada en género y la atención emocional a 966 mujeres y niñas sobrevivientes de la violencia.

Fortalecer las capacidades de 129 organizaciones de base comunitaria para que lideren ejercicios de auditoría social, incidencia política, la gestión de 59 proyectos de desarrollo comunitario y la declaración de 4 municipios libres de minería.

808 mujeres organizadas han implementado 78 iniciativas económicas, productivas y de generación de ingresos a fin de lograr su autonomía personal y económica.

334 familias rurales implementan modelos productivos para garantizar su seguridad alimenticia y nutricional, integrando tecnologías de adaptación al cambio climático. 

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