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La lucha por el territorio sigue en Santa Cruz de la India

El movimiento Comunal Santa de Cruz de la India recién ganó su primera lucha contra la empresa minera Condor Gold, que está planeando la explotación de oro en la zona. Pero aun así sigue la desinformación sobre el desarrollo del proyecto, las amenazas de criminalización de la protesta social y el posible desalojo del pueblo entero. Nuestra socia, el centro Humboldt apoya a la comunidad en la defensa de su territorio.

18/07/2017

La Comarca  de   Santa Cruz de la India, se encuentra ubicada en el corredor seco del Departamento de León, Nicaragua y cuenta con alrededor de cinco mil habitantes, de los cuales una gran mayoría hoy tiene como actividad económica principal la minería artesanal. Pero las riquezas naturales (principalmente oro) que existen en la zona no solamente han sido explotadas por los habitantes de Santa Cruz de la India, sino también han atraído a empresas mineras extranjeras desde los años treinta.

Las experiencias de la presencia de estas empresas no han sido positivas para la población. El mayor impacto fue causado por una empresa estadounidenses  en los años 50. Después de haber desviado el agua del pueblo para el beneficio de la explotación minera y por la presión del caudal, que se dio en el túnel 800,  la represa se desbordo, llevándose a su paso todo tipo de maquinaria y herramienta de trabajo, dada esta situación la empresa decidió abandonar el proyecto y dejó la comunidad convertido en un pueblo fantasma sin agua potable.

Durante los años que siguieron los habitantes lograron recuperar el territorio y volvieron a tener sus propios ingresos, su principal actividad económica es la minería artesanal o güirisería, de la cual toda la población económicamente activa se dedica a esta tarea y se ha convertido en la más importante forma de trabajo de este territorio.

La comunidad revive la lucha por su territorio

Debido al potencial minero de esta zona en la actualidad la compañía minera Cóndor Gold se ha instalado en el territorio con el objetivo de realizar estudios de exploración y explotación sin la consulta previa en informada de la población, desconociendo en su totalidad las intenciones de esta empresa minera, por lo cual la comunidad nuevamente se encuentra en una situación compleja.

Cuando la comunidad se dio cuenta de que se estaba repitiendo la historia y que una empresa minera nuevamente estaba violando sus derechos se organizaron en un movimiento comunal , creando alianzas con organismos como el  centro Humboldt para el apoyo técnico legal.

-Empezamos a brindar talleres para el fortalecimiento del liderazgo comunitario, concentrándose las capacitaciones en la legislación ambiental, asimismo en termino de valoración de impactos ambientales, sociales y económico. La comunidad ya organizada demandaba conocer sobre el proceso de la empresa y con nuestro apoyo empezaron a conocer todos los requisitos legales, normativas y procedimiento que esta debe de cumplir. Paralelamente también se inició una investigación detallada para revisar el cumplimiento legal de la empresa, alcances del proyecto minero y los principales impactos ambientales, dice Heizel Tórrez, oficial de minería en el centro Humboldt.

La compra ilegal y la exploración sin Consulta Previa son dos hechos que violentan tanto los derechos a la propiedad como el derecho a la participación ciudadana de los habitantes de Santa Cruz de la India.

-La explotación que quiere realizar Cóndor Gold en el casco urbano pone a todo el pueblo en riesgo. Además, la actividad de la empresa minera significaría que más de 3000 personas, organizadas en pequeños grupos de minería artesanal, se quedarían sin empleo, afirma Heizel. En el año 2015 la empresa comenzó una campaña, visitando los habitantes en el casco urbano de casa a casa para convencerlos de vender sus casas, sin informarles que representaban una empresa minera.

-Los habitantes se opusieron porque no quieren salir de su comunidad, no quieren dejar sus casas, llevan toda la vida viviendo allí y la empresa está insinuando que son dueños de la tierra y que el pueblo tiene que ser desalojado. Para generar presión se ha limitado el acceso al agua potable a los pobladores para que la comunidad se vea sin alternativa y que se pueda acceder al desalojo que la empresa quiere imponer, dice Javier Mejia, coordinador del área de recursos naturales en el centro Humboldt.

Ante esta situación el 17 de febrero del año en curso, la empresa llegó con máquina de perforación para poder realizar el estudio del suelo. Los defensores ambientales del movimiento comunal de Santa Cruz de la India bloquearon la vía para no dejar que las maquinas se instalaran. Esta protesta generó una demanda por parte de la empresa hacia 7 de los defensores ambientalistas por daño agravado.

-La acusación de daño agravado es muy fuerte, es un delito grave en nuestro código penal. Es cuando una persona hace un daño serio a una propiedad pública o privada. La protesta del 17 de febrero fue totalmente pacífica y la acusación es un abuso del poder judicial para la criminalización de la protesta. Antes que se inicie el proceso judicial se debería haber hecho un proceso de mediación, pero la empresa fue directamente a juicio, señalando públicamente que eran culpables de un delito de alta gravedad, afirma Javier.

La acusación y el juicio que siguió generaron un paro escolar en el pueblo como muestra del apoyo a los defensores ambientalistas. Después de esto la empresa cambió la postura y quiso mediar pero con base en las acusaciones ya declaradas. En consecuencia los acusados no aceptarían una mediación porque señalaban que está  significaría  aceptar las acusaciones.

La destitución de los acusados es un logro, pero el pueblo sigue en riesgo de desalojo

El pasado 29 de junio la empresa minera desistió de la denuncia contra los 7 defensores ambientalistas. Esta noticia motivó una caravana de vehículos, celebrando la unión del pueblo en la lucha por el territorio, pero las acusaciones en sí marcan un cambio negativo en la tendencia de criminalizaciones de la protesta social en el país.

-No solo es el tema de cómo el poder judicial llega a contribuir a la criminalización de los derechos de los nicaragüenses, sino también la intimidación que existe de parte de las instituciones del estado es muy preocupante. El estado da respaldo completo a las empresas y no a los ciudadanos, dice Javier.

El 5 de julio se presentó el caso de Cruz de la India en el 163º periodos de la CIDH en Perú para visibilizar la situación de la comunidad y exigir una respuesta del estado Nicaragüense.

-La empresa sigue con la intensión de explotar y siempre hay la amenaza de que haya algún conflicto porque se sigue sin informar sobre el desarrollo del proceso y la comunidad no está enterada de lo que va a pasar en su propio territorio, termina Javier.

El compromiso del Centro Humboldt sigue y se continuara apoyando para que la comunidad pueda exigir sus derechos y enfrentar los desafíos con herramientas judiciales.