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Dilma Consuelo Soto, ganadora del Premio Nacional Carlos Escaleras versión 2017. Foto: Ezequiel Sanchez

"Pase lo que pase voy a seguir en esta lucha”

Honduras es uno de los países más peligroso del mundo para las personas que defienden los derechos humanos, especialmente para los y las activistas del medio ambiente y la tierra. Para visibilizar esta alarmante situación y reconocer la labor de las y los defensores, socias de Diakonia en Honduras entregaron el miércoles pasado por segunda vez el Premio Nacional Carlos Escaleras.

20/10/2017

Ante un salón lleno de defensores y defensoras Dilma Consuelo Soto, lideresa indígena Tolupan del pueblo San Francisco de Locomapa, recibió el Premio Nacional Carlos Escaleras el día 18 de octubre por su valiente labor por la defensa de la tierra y el territorio. 

- Quiero felicitar a todas y todos las y los defensoras y defensores de derechos humanos por la fuerza que tenemos para seguir luchando por nuestros territorios ancestrales. Quiero pedirles que nos apropiemos de esta lucha y que nos organicemos más para seguir defendiendo lo que nos corresponde, dijo Consuelo al recibir el premio.

Desde hace más de una década Consuelo inició su labor junto al pueblo Tolupán de Locomapa en la defensa del bosque y de la soberanía territorial ante la amenaza de mineros y militares vinculados al negocio de la madera. El trabajo incansable de Consuelo ha sido fundamental para detener la instalación de una mina de Antimonio en el territorio Tolupán. Su liderazgo y capacidad de diálogo ha tenido un impacto directo en la situación nacional que viven las comunidades indígenas y garífunas en Honduras que en medio de pobreza y exclusión están en lucha de los bienes naturales y territorios.

- Me he sentido muy indignada por la situación que estamos viviendo. Nos están matando pero pase lo que pase yo voy a seguir esta lucha, manifestó Consuelo.

Consuelo ha perdido a su esposo y compañeros de lucha que fueron asesinados en el año 2014 y 2015 y ha tenido que desplazarse de su hogar por amenazas, pero siempre ha regresado a su comunidad para continuar con su lucha. En este momento Consuelo Soto goza de medidas cautelares otorgadas por la CIDH, a raíz de amenazas de muerte y el ambiente de inseguridad que vive.  Muchas veces la labor es aún más dura para las mujeres porque además de la violencia  patriarcal, se suma las amenazas de la seguridad privada de las empresas por su lucha firme en defensa del bosque, ríos y minerales. .

- La lucha ha sido difícil. Nosotras, las mujeres indígenas no hemos sido casi tomadas en cuenta. Muchas veces nos han dicho que nos debemos quedar en la casa cocinando,  pero ya nos hemos despertado y estamos capacitadas para poder defendernos a nosotras y a nuestros derechos, concluyó Consuelo después de la ceremonia de entrega.

El premio Nacional Carlos Escaleras fue entregado por primera vez en el 2016 y es impulsado por la Fundación San Alonso Rodríguez (FSAR), el Centro de Derechos de Mujeres (CDM) y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), financiando por Diakonia y la Unión Europea. El premio busca rescatar la memoria histórica de los defensores y defensoras de derechos humanos, reconocer su labor, generando reconocimiento y contribuyendo a reducir la estigmatización, señalamientos y criminalización a la labor de las/os defensoras/es del derecho a la tierra y los bienes naturales en Honduras.

La segunda premiación se desarrolló en el marco de la conmemoración de los 20 años del asesinato del líder ambiental Carlos Escaleras del Bajo Aguán, con la presencia de su familia, autoridades del Estado, cooperación internacional y decenas de defensores y defensoras de todo Honduras.

-          Creemos que el premio es un acto de protección y visibilidad en el contexto que estamos viviendo. Es urgente visibilizar esta situación alarmante que viven las defensoras y los defensores, especialmente quienes defienden la madre tierra. El Estado debe parar las concesiones que afectan tierras ancestrales y comunitarias. Hemos visto como ríos han sido contaminados y afectada la salud de muchas  comunidades, y lo más grave son las amenazas para imponer estos proyecto sin el consentimiento libre e informado de los pueblos, concluye Reina Rivera, directora nacional de Diakonia en Honduras.