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Marcha en Lima contra el indulto de Fujimori. Foto: Pool Vásquez

Peru: "Indulto es insulto"

La sentencia a Alberto Fujimori a 25 años de prisión, confirmada en última instancia por la Corte Suprema del Perú en el 2009, culminó un proceso judicial que marcó un hito en la defensa de los derechos humanos, tanto en el país como a nivel global. Por primera vez, un ex jefe de estado era condenado y encarcelado por graves crímenes, considerados como lesa humanidad en el derecho internacional.

21/01/2018

El 24 de diciembre del 2017 el Presidente Kuczynski le otorgó un indulto humanitario, además de la gracia presidencial que lo exime de ser procesado en otros casos de violación de DDHH, como el de Pativilca, ya iniciado. Numerosos juristas y voceros de organismos internacionales (entre ellos NNUU, OEA, CIDH) han criticado la medida y señalado serias irregularidades en su aplicación.

La mayoría de la ciudadanía considera que el perdón presidencial a Fujimori es una decisión política, no humanitaria, motivada por la necesidad de Kuczynski de sortear el pedido de vacancia presidencial presentado en el Congreso en diciembre pasado, para lo que contó con el apoyo de un sector del fujimorismo encabezado por Kenji Fujimori, hijo menor del ex gobernante.

Desde esa misma Nochebuena, se han realizado cuatro marchas de protesta en las que se han movilizado decenas de miles de personas en casi todas las regiones del país. Los principales convocantes han sido los familiares de las víctimas de los casos de La Cantuta y Barrios Altos, crímenes por los que fue condenado Fujimori, organizaciones de DDHH, estudiantes, sindicatos, feministas y colectivos ciudadanos. El lema “Indulto es insulto” coreado en todas las movilizaciones recoge su indignación.

El gobierno peruano ha presentado el indulto como un paso hacia el diálogo y la reconciliación, pendiente desde el fin del conflicto armado interno 1980-2000. Los sectores ciudadanos movilizados consideran que no es posible una reconciliación sobre la base de la impunidad, la arbitrariedad y la negación de verdad y justicia para las víctimas.

La decisión de Kuczynski,  además, ha violado la promesa reiterada de respetar la sentencia que hiciera a los familiares y ha dados la espalda a los colectivos ciudadanos que lo respaldaron en la segunda vuelta de la elección presidencial del 2016 y en la defensa de la institucionalidad democrática frente a los intentos avasalladores de la mayoría fujimorista del Congreso. La pérdida de credibilidad del gobierno ha hecho un enorme daño a su posibilidad de conducir un proceso de diálogo democrático y transparente.

Desde Diakonia seguimos apostando por la justicia, y acompañamos a los familiares de las víctimas y organizaciones de DDHH en las acciones han emprendido para hacer valer su derecho.