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Manifestación por los derechos de las víctimas de esterilizaciones forzadas. Al lado izquierdo, Maria Isabel Cedano, Directora de DEMUS. Fotos: Benjamín Alcarraz

Las esterilizaciones forzadas- Un crimen que nadie quiere reconocer

"Quémala con un fósforo, así reacciona con seguridad, es sólo una señal de que quiere atención", dijo el médico a Jacinto Salazar cuando buscó atención en un hospital en Cajamarca en 1998. Dos días después su esposa estaba muerta. María Mamerita Mestanza es una de más de tres mil mujeres esterilizadas a la fuerza en Perú durante el régimen de Alberto Fujimori. Casi 20 años después de su muerte, su familia sigue luchando por justicia.

03/10/2017

Durante varias semanas, el personal del hospital había visitado a Mamérita en su casa. Le dijeron que era ilegal tener más de cinco hijos y que terminaría en la cárcel si no se esterilizaba y finalmente por miedo, aprobó la operación. Las complicaciones y la negligencia del hospital le hicieron perder la vida.

Desafortunadamente, el caso de Mamérita no es el único.

Esterilizaciones sistematicas

En carpas, parques y pequeños espacios de  hospitales rurales, sin equipo adecuado y en las clínicas de las zonas pobres de las principales ciudades, se realizaron esterilizaciones sistemáticamente. El gobierno de Fujimori aplicó un programa en el cual la esterilización se presentó como una inversión en derechos sexuales y reproductivos. La esterilización se ofreció según el protocolo como una oportunidad para reducir la pobreza. Se tenía que informar a las mujeres de los posibles riesgos y el procedimiento tenía que ser aprobado por ellas.

Pero la realidad era otra.

Los médicos tenían que cumplir con una meta diaria de mujeres esterilizadas. Había sanciones y recompensas para los operadores de salud. A veces hasta las mujeres que trabajaban en las clínicas también fueron esterilizadas  para lograr los números deseados, bajo presión del gobierno. 

A la fecha, en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas – REVIESFO cuenta con 3.473 casos registrados y se sigue realizando inscripciones al Registro.

Presión, violencia y amenazas

- Varias de las mujeres no entendieron lo que había sucedido. El procedimiento se realizaba a menudo sin solicitud después de un parto o durante un examen ginecológico. Todos los casos tienen en común que fueron realizados bajo presión, violencia o amenazas de violencia, dice María Isabel Cedano, directora de nuestra socia, Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS).

La mayoría de las víctimas que fueron esterilizadas forzosamente eran mujeres indígenas andinas y amazónicas. Muchas de ellas no sabían leer ni escribir, lo que se utilizaba para facilitar el papeleo. Muchas firmas y certificados de testigos fueron falsificados.

"Demasiado bueno para ser verdad"

- El Estado se tomó la libertad de decidir qué mujeres podrían ser madres y quiénes no, dice María Isabel. Es una violación muy grave de los derechos humanos. El proyecto fue presentado como un éxito para los derechos sexuales y reproductivos. Las feministas tendríamos que haber entendido que era demasiado bueno para ser verdad; que no se trataba de derechos, sino de una limpieza social. Lo que podemos hacer ahora es luchar por la justicia y por lo que no vimos en ese entonces.

El caso de Mamérita  comienza a ser investigado unos meses después de su muerte. Un año más tarde, el caso fue archivado.

En junio de 1999,  las organizaciones no gubernamentales como DEMUS, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de la Mujer (CLADEM); la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), el Centro Legal para Derechos Reproductivos y Políticas Públicas (CRLP) y el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) junto a la familia de María Mamérita Mestanza, decidieron presentar su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el 2003, el Estado Peruano reconoció que vulneró los derechos de Mamérita y se firmó un Acuerdo de Solución Amistosa entre las organizaciones peticionarias y el Estado.

Sin embargo, varios de los compromisos del acuerdo quedaron pendientes, tales como una investigación exhaustiva de los hechos, la aplicación de sanciones penales y administrativas contra los responsables y una reparación educativa a los hijos de Mamérita.

El caso de Mamérita Mestanza es emblemático ya que representa la situación de miles de mujeres que fueron víctimas de las políticas públicas de esterilización forzada.

- Los hijos de Mamérita nunca han visitado un hospital. Tienen miedo de que se repita lo que le pasó a su madre. El mismo médico sigue trabajando en el pueblo donde viven, ¿Cómo van a poder confiar en el estado?, dice María Isabel.

En diciembre 2016, en la reunión de seguimiento del Acuerdo de Solución Amistosa del caso ante la CIDH y a solicitud de las organizaciones co-peticionarias el Estado se comprometió a abordar el diseño y coordinación de la implementación de la política de reparaciones integrales a favor de las víctimas de esterilizaciones forzadas.  Desde la sociedad civil, se está solicitando la conformación de un Grupo de Trabajo sobre reparaciones integrales a favor de las víctimas de esterilización forzada. El grupo deberá estar conformado además de las representantes de las víctimas por las organizaciones de la sociedad civil, asociaciones  de víctimas de esterilización forzada, representantes del Ministerio de la Mujer, Ministerio de salud y Ministerio de Cultura. A pesar de la persistencia de la sociedad civil, aún no hay repuesta por parte del Ministerio de Justicia.

Un crimen casi desconocido

La realidad de las mujeres esterilizadas forzosamente es casi desconocida más allá de las fronteras del Perú, e incluso dentro del país hay muchos que no quieren escuchar o niegan lo que ha sucedido. Los críticos creen que el número es una exageración, que todas las mujeres estaban facultadas y que se dio el consentimiento. Las mujeres que murieron son consideradas víctimas colaterales.

- El número de esterilizaciones aumentó en más de 100 por ciento en esos años, eso no es una coincidencia; es una estrategia planificada. Los testimonios independientes de diferentes partes del país también muestran que esto no ocurrió localmente, sino que fue parte de una política nacional, afirma María Isabel.

Durante los diez años de Fujimori en el poder, las violaciones de los derechos humanos se presentaron en multiples formas. Después de vivir en exilio en Japón, Fujimori regresó a América Latina y en 2009 fue sentenciado a 25 años de prisión por ser responsable de asesinatos y secuestros. En los últimos meses han comenzado a difundirse rumores de que Fujimori será indultado por vejez y enfermedad. Sin embargo, muchas organizaciones argumentan que esto sería otra violación de los derechos de las mujeres esterilizadas, ya que el caso sigue abierto y las mujeres todavía están luchando por justicia y reparación.

DEMUS está trabajando para que más casos sean tratados en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero se les ha negado la audiencia tres veces.

"No vamos a darnos por vencidas"

- Hemos comprendido que no tiene sentido reclamar justicia en este país. Queremos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ocupe de todo el caso como un crimen de lesa humanidad para que el Estado se haga responsable. Ha sido difícil pero no vamos a darnos por vencidas.

Ahora la estrategia de DEMUS es llevar a cabo manifestaciones para visibilizar los casos de esterilizaciones forzadas cuando se desarrollan audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la región.

- El mundo tiene que conocer lo que les ha pasado a las mujeres en el Perú y entender que la impunidad no es una opción, termina María Isabel.