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El señor Sergio Vi perdió su padre en la masacre de la Embajada de España. Foto: Aron Lindblom

"Era normal que viviamos con miedo"

En enero de 2015, el jefe retirado del Comando Seis de la antigua Policía Nacional de Guatemala, Pedro García Arredondo, fue encontrado culpable por crímenes de lesa humanidad y condenado a 90 años de cárcel por la masacre de 37 personas en la Embajada de España en Guatemala el 31 de enero de 1980. La sentencia llegó 35 años después de los hechos y fue el resultado de 16 años de batalla legal liderada por la Fundación Rigoberta Menchú Tum, contraparte de Diakonia en Guatemala. 

24/03/2015 Editor: Daniel S Ogalde

El señor Sergio Vi perdió su padre en la masacre de la Embajada de España y era querellante adhesivo en el emblemático caso, junto con la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú Tum. Es originario de Chajul, una pequeña ciudad en el norte del departamento de Quiché donde la mayoría de la gente pertenece a la etnia maya ixil y todavía guarda su idioma, sus costumbres y su vestimenta tradicional.

- Yo tenía 18 años cuando fui detenido por el ejército junto con cuatro jóvenes más. Nos amarraron de las manos y nos obligaron a caminar descalzos varios kilómetros. Estuvimos detenidos dos noches en un destacamento militar donde nos golpearon e hicieron preguntas sobre la guerrilla, pero nosotros éramos estudiantes y no teníamos ningún contacto con la guerrilla. En fin nos soltaron a las 11 de la noche y salimos corriendo en la oscuridad, sin zapatos. Resulta que mi papá y otra gente había contactado a la iglesia católica para avisar que el ejército nos había detenido y fue gracias a las gestiones de la iglesia que nos soltaron.

Vivir en miedo

La llegada del ejército en Chajul tenía un profundo impacto en la localidad. Los soldados se instalaron en la iglesia católica, en el centro del pueblo, y vistieron los santos con ropa militar. 

- Aquí el alcalde siempre instruía a la gente que había que entregar comida a los soldados. Mi mamá preparaba las tortillas para los soldados y para nosotros era normal. Era normal también que siempre vivíamos con miedo. Hasta después nos enterramos que eso de que el ejército nos obligó a entregar comida es ilegal.

La situación se volvió demasiado difícil para la población civil y en enero de 1980 fue que las organizaciones campesinas y religiosas de la región se organizaron para viajar a la capital y denunciar el sufrimiento de la gente.

- Por esta situación de violencia fue que mi papá, Gaspar Vi, acompañó a una delegación de representantes del Quiché que se fue a la capital para denunciar lo que pasaba. Ahí murió mi papá en la masacre de la Embajada de España el 31 de enero de 1980. Lo que queremos ahora es justicia, resarcimiento y dignificación para las víctimas. Nosotros fuimos objeto militar del ejército. El ejército no atacó a la guerrilla sino directamente la población civil. Es más, aquí el ejército obligó a los hombres de participar en las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) y fueron obligados a patrullar sin comida y sin paga. Los hombres fueron obligados a servir en contra de su voluntad y mientras patrullaban, los soldados entraron en las casas y violaban a las señoras.

Hay esperanza

La guerra y la dictadura causaron profundas cicatrices en las comunidades ixiles de Guatemala:

- Aquí todavía hay miedo de hablar y mucha gente no se anima a contar de lo que vivieron. Con el caso genocidio se empezó a hablar un poquito más y ahora que se logró una sentencia por la masacre en la Embajada de España esperamos que todavía más gente pierda el miedo de hablar porque la justicia es la única vía para seguir adelante.

La sentencia condenatoria por la masacre fue un paso importante para los querellantes y para los derechos humanos en Guatemala. ¿Se puede decir que ya se cerró un capítulo de la historia del país?

- Yo siento que la sentencia es un logro, dice don Sergio, pero falta todavía porque el Estado quedó afuera. Nosotros queríamos un monumento a las víctimas aquí en el parque de Chajul y queríamos que el presidente llegara a pedir perdón aquí. Esto no lo cumplieron porque las juezas dijeron que la sentencia no involucra al Estado de Guatemala sino solamente al policía Pedro Arredondo como individuo. En este sentido diría yo que falta todavía para que nosotros como pueblo maya seamos valorados como debería de ser.

Texto: Aron Lindblom